El ministro de Trabajo bonaerense dijo que está en curso el proceso para quitarles la personería jurídica a los sindicatos que incumplen la conciliación obligatoria. Pero aclaró que "la salida es seguir discutiendo".
El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, ratificó ayer actuaciones administrativas contra los gremios docentes que incumplen la conciliación obligatoria y afirmó que el gobierno de María Eugenia Vidal no está pensando en dirimir el conflicto por decreto.
“Hemos iniciado dos procesos administrativos en relación con el tema de los gremios docentes en cuanto al incumplimiento de la conciliación obligatoria”, aseguró el funcionario en una entrevista con María Delia Sebastiani por LU6 Radio Atlántica.
Villegas explicó que la conciliación obligatoria “es un remedio del cual dispone el Ministerio de Trabajo para sostener una negociación, para acercar fórmulas conciliatorias y garantizar la paz social”.
Recordó que esta conciliación “fue recurrida judicialmente” por los gremios docentes y que el juez platense Luis Arias “les dio la razón” a los sindicatos en primera instancia. Pero aclaró que la Cámara de Apelaciones “avaló la conciliación”, por lo que es “plenamente válida y vigente”.
Recordó que el primer plazo “venció el lunes” y el gobierno bonaerense la prorrogó por cinco días hábiles, por lo que deben retrotraerse las negociaciones al “estadio anterior”, pero los gremios “la desconocieron y convocaron al paro”. En esa línea, aclaró que “los paros del 6 de marzo para acá son ilícitos, ilegales”.
Según comentó, “además de corresponder el descuento por los días no trabajados (a los docentes que adhieren a las medidas)”, puso en marcha “dos procesos” administrativos para que se penalice el incumplimiento. El primero, iniciado ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, solicitó “la suspensión de la personería gremial a los gremios que han incurrido en la falta de acatamiento”. El segundo consiste en “actuaciones internas” en el Ministerio de Trabajo bonaerense para “notificar el inicio de un proceso de multa”.
Junto con el director general de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro, y el ministro de Economía, Hernán Lacunza, Villegas es uno de los representantes de Vidal que trabajan para destrabar el conflicto docente.
A propósito, el funcionario negó que, como difundieron distintos medios, hoy “sea una opción” cerrar la paritaria por decreto para que los alumnos vuelvan a clases. “La salida es seguir discutiendo, seguir analizando, seguir poniendo temas de agenda común”, señaló, y descartó una solución “forzada” o “unilateral” como la que se conseguiría echando mano al decreto.
Villegas explicó la oferta salarial que formuló el Ejecutivo en la última reunión con los gremios. “Con la propuesta que nosotros hicimos, el maestro inicial de grado que tiene un solo cargo pasa a cobrar 12.000 pesos. El 65% de los docentes, por antigüedad o por tener otro cargo, pasa a ganar 17.000 pesos o más”, mientras que el resto cobrará “23.300 pesos o más”, describió. Eso se suma al promedio de 500 pesos mensuales “para mitigar el índice de ausentismo”, que en la provincia “es cercano al 17%”.
“Pagamos 14.000 millones de pesos al año todos los bonaerenses en licencias. Ahorrando un 10%, podemos invertir 1.400 millones de pesos adicionales para mejorar los ingresos docentes”, planteó, y aseguró que la administración bonaerense avanza hacia un “mayor control para atacar el uso abusivo de licencias” porque “cuanto mayor control haya, más eficiente y razonable es el ejercicio y el uso de las licencias”.
“Actitud de boicotear”
Villegas sostuvo que “la única consistencia que tuvo el discurso del sindicalismo” fue solicitar un aumento salarial del 35%, rechazar la propuesta del Ejecutivo y declarar paros.
“Inclusive tuvimos una declaración de dos días de huelga a nivel nacional cuando faltaban 10 días para el inicio del ciclo lectivo en todo el país. Y eso denota una clara actitud de boicotear o echar por tierra la posibilidad de un acuerdo”, lanzó.
El ministro definió el conflicto como “arduo, complejo, difícil”, pero dijo tener “la esperanza de que sea simple y más fácil en el futuro inmediato”.
A su entender, las partes deben “compartir y respetar” cuatro valores. “El primero es ‘los chicos en las aulas’. El segundo es ‘el salario docente merece ser incrementado y el docente no puede esperar’. El tercero es ‘respetemos los fallos judiciales y la legislación vigente aplicable’. Y el cuarto es ‘dejemos las cuestiones políticas partidarias o políticas gremiales a un lado en esta mesa'”, enumeró.